ENVIADO A VAXTUXPAN...
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En plena contienda electoral para la renovación de 3,415 cargos de elección popular federal, estatal y municipal, las opciones que ofrecen los candidatos a la ciudadanía son muy claras: la renovación del sistema político encaminado a detonar el crecimiento y desarrollo económico, combatiendo la corrupción, que representa Andrés Manuel López Obrador o el atrincheramiento y defensa de intereses particulares personificados por José Antonio Meade y Ricardo Anaya.
Cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pide continuidad en el proyecto de país y el candidato del PRI hace suya esa oferta, debemos recordar que nuestro país ocupa el penoso sitio 95 de 168 en el Índice de Percepción de la Corrupción; que está en el lamentable lugar 88 de 102, del World Justice Project, lo que nos ubica entre los veinte países con servidores públicos más corruptos del mundo, en un lugar cercano a Pakistán, Afganistán, Liberia y Venezuela. Incluso en el reporte “Getting it Right, Prioridades Estratégicas para México” de la OCDE, se señala que México ocupa el último lugar en combate a la corrupción de esa organización y es de los principales países en los que predomina la desigualdad salarial. Ese mismo documento reconoce que sólo alrededor del 20% de los 130 millones de mexicanos, se encuentran en una condición de “no pobres y no vulnerables”.
Sostener la idea de “mantener el rumbo del país” resulta un desdén a la inteligencia de la ciudadanía y una actitud explícitamente populista, pues se fabrica una verdad a todas luces falsa.
Afirmo que es populista el candidato Meade, porque los populistas utilizan de modo discrecional los fondos públicos. Diría el historiador Enrique Krauze “No tiene paciencia con las sutilezas de la economía y de las finanzas. El erario es su patrimonio privado, que puede utilizar para enriquecerse o para embarcarse en proyectos que considere importantes o gloriosos o para ambas cosas, sin tomar en cuenta los costos”
El dispendio del Ramo 23 utilizado por el gobierno federal para comprar voluntades en el Congreso y con ello, alcanzar mayorías para empujar reformas a cambio de prebendas a los legisladores, es absolutamente reprobable, populista y obscenamente corrupto. Nos espantamos del caso Lavajato en Brasil y lo censuramos, pero los consensos artificiales y ficticios creados por la administración de Peña Nieto operadas por Luis Videgaray y José Antonio Meade, son operaciones semejantes a los que el actual gobierno corrupto de Temer, ha llevado a su mayor expresión en ese país.
Pronunciarse por la continuidad, implica la aceptar que el costo de la corrupción estimada en un 10% del PIB, es decir, unos 2 billones de pesos, sea natural y virtuoso. Basta señalar que la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las cuentas públicas de los últimos quince años, reportó irregularidades por más de 752 mil millones de pesos.
José Antonio Meade y Ricardo Anaya, señalan día a día que ellos representan la garantía de la vigencia del estado de derecho. Particularmente lo entienden como el cumplimiento irrestricto de los contratos o la ejecución de las sentencias. Sin embargo, nuestro país carece de un verdadero Estado de Derecho, o por decir lo menos, se encuentra gravemente afectado. Un ejemplo de la sistemática y conveniente violación contractual, la resolución de tribunales y el uso discrecional de las instituciones por parte de los gobiernos del PRI y del PAN, es el caso de José Gutiérrez Vivó.
Después del incumplimiento contractual de parte de Grupo Radio Centro al afamado periodista y su empresa Infored y posterior al laudo arbitral de la Cámara Internacional de Comercio, que ordenó el pago de 21 millones de dólares, por la acción de Radio Centro, este grupo al mando de la familia Aguirre se amparó en sus relaciones con funcionarios gubernamentales.
Quizás lo más grave es la violación a la división de poderes, que ha permitido al poder Poder Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República, gobernar sin contrapesos. Esa sumisión por parte del poder Judicial, ha permitido una gran impunidad en el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo. En el caso del Legislativo, esa sumisión, inducida entre otras medidas por la distribución discrecional del Ramo 23, hizo posible transformar el pacto social del país, por medio de las llamadas “reformas estructurales”, sin una consulta amplia a la sociedad.
En cualquier país democrático, con un verdadero Estado de Derecho, esa consulta es indispensable tomando en cuenta la magnitud de la transformación implícita en esas “reformas”.
Por eso no son aceptables los llamados de Meade y Anaya a preservar esta situación, carente de consenso social, que parece diseñado y aplicado sólo en beneficio de una minoría rapaz, que lo aprovecha para apoderarse de la riqueza nacional. Al mismo tiempo, esos funcionarios, a quienes no les importa la inversión pública para atender a fondo las necesidades de la sociedad, sí buscan contener el reclamo social distribuyendo discrecionalmente recursos, de manera clientelar, para comprar voluntades.
Por eso, hoy convocamos a los mexicanos a apoyar con su voto a la opción encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que permitirá construir un verdadero Estado de Derecho, con la participación armónica de todos los sectores, que permita reconstruir nuestro país e invertir para superar los rezagos sociales, con pleno respeto a los Derechos Humanos, basado en el combate a la corrupción, la eliminación de la impunidad y terminando con el populismo de la derecha.
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